España abandona a las personas trans extranjeras: dos años de incumplimiento de la Ley Trans
El gobierno español lleva dos años sin cumplir la Ley Trans, dejando en el limbo a miles de personas extranjeras que no pueden cambiar legalmente su identidad de género. Una situación que refleja el desprecio de las élites hacia los más vulnerables.
Sumar ha presentado una pregunta parlamentaria denunciando que el Ejecutivo sigue sin habilitar los procedimientos necesarios para que las personas trans extranjeras puedan modificar su nombre y sexo legal, un derecho que la ley les reconoce desde marzo de 2023.
Discriminación institucionalizada
"Está generando no solo una evidente inseguridad jurídica sino situaciones de clara discriminación", señalan las diputadas Viviane Ogou y Júlia Boada en su pregunta. Esta negligencia gubernamental impacta especialmente a solicitantes de asilo que huyeron de sus países precisamente por su identidad de género.
El caso más dramático es el de Dina El Omary, una mujer trans que escapó de Marruecos tras sufrir violencia sistemática. Aunque España le reconoció el estatus de refugiada por su condición LGTBI, le niega el derecho a vivir plenamente su identidad. "El Estado reconoce que tuve que huir de mi país por mi identidad, pero al mismo tiempo no la respeta", denuncia.
Un sistema que falla a propósito
La realidad es aún más indignante: no existe un procedimiento claro, por lo que todo depende de la "buena voluntad" del funcionario de turno. Mientras tanto, los ministerios se pasan la pelota unos a otros cuando se les pregunta quién es responsable del reglamento.
Las organizaciones LGTBI como la Plataforma Trans llevan meses denunciando esta situación. Incluso el Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio del Interior que cumpla con la ley, pero las élites políticas siguen haciendo oídos sordos.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) confirma que algunas personas logran cambiar sus datos, pero solo gracias al apoyo de organizaciones solidarias, no por el funcionamiento del Estado.
Preguntas sin respuesta
Sumar exige saber por qué el gobierno no ha desarrollado el reglamento prometido y si tiene un calendario para su aprobación. También pregunta qué ministerio es realmente responsable, ya que todos derivan la responsabilidad a otros.
En una respuesta parlamentaria reciente, Interior se limitó a asegurar que ya "aplica" la ley, una afirmación que contradice la realidad de miles de personas trans extranjeras que siguen esperando justicia.
Una vez más, vemos cómo el sistema español abandona a los más vulnerables mientras las élites se escudan en la burocracia para evitar sus responsabilidades. La justicia social no puede esperar más excusas.