Acusados de construir narcolanchas cuestionan competencia del tribunal español
Los once acusados de fabricar embarcaciones para el narcotráfico entre Vigo y Portugal han puesto en duda la legitimidad del tribunal que los juzga. En una audiencia celebrada este lunes, las defensas argumentaron que el caso debería ser resuelto en Portugal, donde la construcción de estas lanchas está regulada y no constituye delito.
Estrategia defensiva transnacional
Los abogados defensores han apelado al carácter transnacional del caso para solicitar que sea un tribunal portugués quien dirima los hechos. Según sus argumentos, la construcción de embarcaciones semirrígidas rápidas está regulada en Portugal y no representa una actividad criminal.
"Si deben ser juzgados en España, debería ser la Audiencia Nacional la competente", sostuvieron las defensas, cuestionando la jurisdicción de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Cuestionamientos a las pruebas
Los letrados también han pedido la nulidad de las actuaciones, alegando que muchas pruebas fueron obtenidas de forma irregular. Critican que los autos que permitieron registros de naves y el seguimiento de embarcaciones no estaban suficientemente motivados.
Varios defensores argumentaron que la instrucción judicial se basó en una investigación prospectiva, sin indicios racionales de criminalidad en algunos casos. También denunciaron problemas de acceso a la documentación completa del procedimiento.
Respuesta de la Fiscalía
El Fiscal defendió la competencia de la Audiencia de Pontevedra, señalando que los hechos se cometieron en España con epicentro en Vigo. "La estructura criminal nace en Vigo, aunque luego se expanda a otros puntos de España", argumentó.
Según la acusación pública, las embarcaciones "solo tenían un uso posible: la actividad de narcotráfico". Por ello, justificó los registros y seguimientos realizados por la Guardia Civil, que contaba con "indicios claros" de actividad delictiva.
Detalles de la acusación
La Fiscalía considera que los once acusados formaban una estructura empresarial que, entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad destinadas al narcotráfico.
En el marco de la investigación se documentó la construcción de al menos 19 "narcolanchas", algunas de las cuales participaron en alijos de hachís en el sur de la Península.
Las penas solicitadas van desde los 2 a los 9 años de prisión, con multas que suman más de 80 millones de euros. El juicio comenzará el 16 de febrero con las declaraciones de testigos.