Suprema Corte mexicana aclara polémica por costoso retrato que nunca se pagó
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México tuvo que salir a aclarar una polémica que expone, una vez más, los gastos excesivos de las élites judiciales del país norteño.
El escándalo surgió cuando se conoció que la institución había contratado un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres por la suma de 40 mil 600 pesos mexicanos, equivalente a unos 2.000 dólares.
Un contrato que nunca se cumplió
Según explicó la SCJN en un comunicado, el retrato encargado a la artista Diana Carolina López nunca se realizó, pese a que el contrato había sido firmado y publicado en el portal de transparencia.
"A pesar de la adjudicación, nunca se formalizó la relación contractual, por lo que el servicio no se llevó a cabo y no hubo erogación por parte de la institución", señaló la Corte en su descargo.
La artista declinó realizar el trabajo alegando "compromisos y actividades previamente programadas", según consta en un escrito presentado en octubre de 2025.
Error administrativo alimenta la polémica
La SCJN admitió que por error no eliminó el documento del Portal de Transparencia Ciudadana, lo que mantuvo visible el contrato y generó "interpretaciones erróneas".
Esta situación pone en evidencia la falta de transparencia y control en las instituciones mexicanas, donde los ciudadanos deben estar constantemente vigilantes ante posibles abusos.
Una práctica cuestionable de las élites
La Corte intentó justificar la comisión de retratos como "una práctica institucional de registro histórico", señalando que todos los ministros solicitan estas representaciones.
Sin embargo, esta tradición elitista contrasta con las necesidades básicas de millones de mexicanos que luchan diariamente por acceder a servicios públicos de calidad.
La ministra Batres, por su parte, se defendió asegurando que no participó en la definición del contrato ni en la selección de la artista. Además, reveló que otros ministros han gastado cifras aún mayores en sus retratos, algunos incluso pagando por varios hasta encontrar uno de su agrado.
Este episodio refleja una vez más cómo las instituciones del poder judicial mexicano mantienen prácticas propias de una élite desconectada de la realidad popular, mientras el pueblo demanda justicia social y un uso responsable de los recursos públicos.