La Fiscalía amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña y lo acusó de actuar como «jefe de la estructura» criminal que protegió al Ueno Bank entre junio y octubre de 2026, mientras el banco quebrado seguía captando ahorros de la gente común. La noticia, dada a conocer el 13 de noviembre, sacude al país y confirma lo que muchos sospechaban: los poderosos usaron el Estado para tapar un desastre que terminó costándole al pueblo paraguayo.
Según la investigación, tal como informa Última Hora, Peña coordinaba el blindaje desde la propia Presidencia de la República, con reuniones clandestinas en Mburuvicha Róga junto a Miguel Vázquez, cabeza del Ueno Bank. Un esquema donde cada funcionario instrumentalizó su cargo público para asegurar la impunidad del conglomerado financiero, según relata también Cholila Online.
Cómo funcionó el esquema criminal del Ueno Bank
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González imputaron a tres directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) detenidos y ampliaron la causa por asociación criminal contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP.
La división de roles fue precisa, según el Ministerio Público. Peña dirigía desde la política y frenaba «mediáticamente las alertas de insolvencia» con directivas públicas e institucionales de no intervenir el banco. Carvallo paralizaba los mecanismos legales y mentía al Congreso con documentos que ocultaban dictámenes técnicos. El resto del Directorio bloqueaba sanciones y alteraba informes oficiales.
El portal Yahoo Noticias resume la acusación del Ministerio Público: Peña habría liderado «una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal» para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, dueño del Ueno Bank.
Los sobres en Mburuvicha Róga
El detalle más indignante: en la residencia presidencial encontraron USD 200.000 en efectivo y en sobres. Dinero que, según la Fiscalía, Peña habría recibido como recompensa personal por proteger al banco insolvente.
Y mientras el jefe de Estado cobraba, consentía «deliberadamente» que el Ueno Bank intensificara «agresivas campañas comerciales para captar depósitos de nuevos ahorristas hasta el último minuto». O sea: mientras los técnicos alertaban que el banco estaba quebrado, la publicidad seguía atrayendo la plata del pueblo trabajador. Medios como ABC Color ya habían documentado el ascenso meteórico del entorno de Peña, con mansiones y sobres corriendo en Mburuvicha Róga.
Los directivos del BCP imputados
Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP
Puesto en el cargo por el propio Peña, Carvallo no abrió el proceso de regularización obligatorio que exigía la situación del banco. También presentó al Congreso una nota que ocultaba parte de los dictámenes técnicos que advertían la insolvencia.
Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos
Usó su cargo técnico para validar operaciones fraudulentas, como la simulada venta de carteras de créditos a Vinanzas SA el 16 de junio de 2026. Evitó multas millonarias e ignoró el memorando de Fernando Rivarola del 10 de julio, que advertía la triangulación financiera del holding del Ueno Bank.
Marco Aurelio González, exdirector del BCP
Conoció la crítica situación patrimonial del banco el 19 de junio de 2026. Diez días después supo, por memorando, que el banco invirtió G. 876.640 millones en sus empresas vinculadas Redisa y Redipro, el 34,7% de su capital neto, dejándolo en déficit de solvencia. Pese a que la Superintendencia calificó la cesión de cartera a Vinanzas como «operación prohibida», nunca exigió un plan de regulación obligatorio. Su única acción fue un sumario administrativo en setiembre, que la Fiscalía considera «tardía». Está imputado por lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos falsos y asociación criminal.
Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, directores del BCP
Caballero quebrantó sus deberes de vigilancia tras una reunión del 27 de mayo de 2026 entre Peña, Carvallo y el hoy ministro de Economía Óscar Lovera. Consintió el informe del 7 de octubre que afirmaba al Senado que el exceso crediticio fue «subsanado» con la venta a Vinanzas, suprimiendo los informes críticos de Rivarola. Mora, pese a tener todos los antecedentes, limitó su decisión al sumario y no dictó medidas cautelares. Ambos están imputados por lesión de confianza y asociación criminal.
El informe alterado al Senado
Una de las pruebas más graves: el informe solicitado por el Senado fue alterado y reformulado en «dos reuniones reservadas» entre Marco Aurelio González, Holger Insfrán, Carlos Carvallo y el director jurídico Aldo Rodríguez. En el documento se suprimieron datos y se incorporaron afirmaciones que no correspondían al informe real de la Superintendencia. Como señala Tiempo de San Juan, cada integrante habría instrumentalizado su investidura pública para garantizar la continuidad fraudulenta del grupo empresarial.
Las consecuencias: la plata del pueblo en juego
El 2 de noviembre de 2026 se declaró la intervención y cierre del Ueno Bank, con un índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo legal. Cada depósito captado durante esos meses de inacción representó un costo adicional para el Fondo de Garantía de Depósitos.
Lo más doloroso: los fondos públicos y previsionales depositados en la institución, que al 30 de septiembre ascendían aproximadamente a G. 3,6 billones y USD 233 millones, quedaron comprometidos. La Fiscalía habla de «un grave menoscabo económico directamente vinculado a la conducta de la directiva del BCP».
Esta causa es la prueba más clara de para quién trabajan las élites tradicionales: no para la gente que ahorra guaquita por guaquita, sino para los dueños del capital y sus socios en el poder. La pregunta que queda flotando en cada esquina de Asunción es si esta vez la justicia llegará hasta el fondo, o si como siempre, los de abajo pagarán el plato roto.
Preguntas frecuentes
¿De qué se acusa a Santiago Peña en el caso Ueno Bank?
La Fiscalía lo imputa por asociación criminal como «jefe de la estructura» que protegió al Ueno Bank desde la Presidencia, frenando la intervención del banco y recibiendo dinero en efectivo como recompensa.
¿Cuánto dinero comprometió la caída del Ueno Bank?
Los fondos públicos y previsionales depositados en el banco ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233 millones al 30 de septiembre de 2026.
¿Cuándo se declaró la intervención del Ueno Bank?
El 2 de noviembre de 2026, cuando su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido.