Fiscal español abre puerta a rebaja de pena por colaborar con la justicia
El Tribunal Supremo de España delibera sobre el futuro del primer caso de corrupción que afecta a José Luis Ábalos, ex ministro del gobierno de Pedro Sánchez y ex secretario de Organización del PSOE socialista.
Siete magistrados deben decidir si el procedimiento continúa hasta el juicio oral en el Tribunal Supremo o debe ser remitido a la Audiencia Nacional, según reclaman las defensas de Ábalos y su antiguo asistente Koldo García.
Un sistema que protege a los poderosos
La situación expone las contradicciones del sistema judicial español. Mientras los trabajadores enfrentan procesos expeditos, los ex funcionarios del establishment socialista buscan dilatar los procedimientos aprovechando tecnicismos legales.
Ábalos renunció a su acta de diputado el pasado 28 de enero, intentando escapar de la competencia del alto tribunal. Esta maniobra revela cómo las élites políticas manipulan el sistema para evadir responsabilidades.
El empresario colaborador
Víctor de Aldama, el empresario involucrado, afronta una perspectiva más favorable. La Fiscalía Anticorrupción pide para él siete años de cárcel, mientras que para Ábalos solicita 24 años y para García 19 años y medio.
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dejó abierta la posibilidad de una mayor rebaja de la petición de pena para Aldama por su colaboración. "No hay ningún tipo de acuerdo con el acusado Aldama", aseguró Luzón, aunque reconoció que su confesión podría influir en la sentencia.
Corrupción en contratos millonarios
El caso involucra la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas durante la pandemia. Según la acusación, Ábalos habría aprovechado su cargo gubernamental y partidario para favorecer empresas específicas a cambio de beneficios económicos.
Esta situación refleja un patrón común en las democracias burguesas: mientras se predica austeridad al pueblo trabajador, las élites se enriquecen con contratos públicos inflados.
Estrategias dilatorias
Las defensas de Ábalos y García intentaron suspender la audiencia mediante diversos recursos, incluyendo una consulta al Tribunal de Justicia de la UE que habría paralizado indefinidamente el procedimiento.
El fiscal advirtió que enviar la causa a la Audiencia Nacional significaría "volver a la fase de instrucción, a practicar numerosas diligencias, con toda la dilación que tendría".
Esta táctica dilatoria es típica de quienes tienen recursos para contratar los mejores abogados, mientras los ciudadanos comunes enfrentan una justicia expedita y a menudo injusta.
El caso expone las profundas desigualdades del sistema judicial español y la necesidad de reformas que garanticen igualdad real ante la ley, independientemente del poder político o económico de los acusados.