España refuerza su equipo de investigación tras la tragedia de Adamuz
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España amplía su plantilla con dos nuevos técnicos para acelerar las investigaciones del grave accidente de Adamuz que costó la vida a 46 personas.
La comisión, que actualmente cuenta con cinco investigadores, incorporará dos profesionales más para hacer frente al volumen de casos pendientes. Este refuerzo llega en un momento crítico, cuando el organismo maneja ocho investigaciones simultáneas, incluida la del trágico choque entre trenes del 18 de enero pasado.
Un sistema sobrecargado
La CIAF enfrenta una realidad preocupante: entre 12 y 15 meses promedio para cerrar cada caso. Algunos expedientes tardan incluso más tiempo, como el informe del descarrilamiento en Atocha de noviembre 2023, que recién se publicó tras más de dos años de investigación.
Entre los casos activos se encuentra el accidente en Gelida (Barcelona), donde un maquinista en prácticas perdió la vida cuando un muro cayó sobre un convoy de Rodalies, apenas dos días después de la tragedia de Córdoba.
La investigación de Adamuz avanza lentamente
Los investigadores se concentran en analizar la soldadura defectuosa que causó la rotura del carril, un fallo que ocurrió antes del paso del tren siniestrado. La comisión también examina una rotura similar detectada en Tarragona una semana después del accidente.
Sin embargo, el proceso se complica porque la CIAF carece de laboratorios propios y debe recurrir a instalaciones externas para los análisis técnicos. Además, aún no han accedido a la información de las cajas negras de los trenes, un elemento crucial para esclarecer las causas exactas.
Supervisión europea
La gravedad del siniestro ha llamado la atención de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA), cuyos representantes visitarán España próximamente para conocer los detalles de la investigación.
Este trágico accidente expone las limitaciones de un sistema de transporte que debería garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios. La ampliación del equipo investigador es un paso necesario, pero las familias de las víctimas merecen respuestas más rápidas y efectivas.