Escándalo en la policía española: dimite alto cargo acusado de violación
Un nuevo escándalo sacude las fuerzas de seguridad españolas. José Ángel González, hasta hace pocas horas director adjunto operativo de la Policía Nacional, dimitió tras ser acusado de violación por una compañera de trabajo.
Una denuncia que llega hasta los tribunales
La querella, presentada por el abogado Jorge Piedrafita, relata cómo la supuesta agresión sexual ocurrió en una vivienda oficial del Ministerio del Interior donde residía González. La víctima, también agente de policía y expareja del acusado, describe una situación de abuso de poder que refleja las estructuras de dominación que persisten en las instituciones del Estado.
Según el relato de la denuncia, González ordenó a la mujer acudir a su domicilio con el pretexto de hablar de temas laborales secretos. Una vez allí, en la cocina, la forzó y la penetró con los dedos tras bajarle el pantalón de forma violenta, desoyendo sus constantes negativas.
Grabación como prueba demoledora
Lo que hace único este caso es la existencia de una grabación de audio que documenta la agresión. "Se escucha varias veces cómo ella le dice que no, que no, que no... Y él, pese a eso, sigue insistiendo", explica Piedrafita en declaraciones a medios españoles.
La abogada de la víctima asegura que en la grabación "la violencia se oye" y que incluso se puede escuchar el rasguido de la ropa durante la agresión. La mujer activó la grabación cuando se dio cuenta de que las intenciones de su superior no tenían nada que ver con asuntos laborales.
Coacciones y chantajes posteriores
Tras la agresión, González habría enviado mensajes de WhatsApp a la víctima culpabilizándola: "Eres una borrica" y "¿Cómo me has hecho esto?", según consta en la querella.
Pero las presiones no terminaron ahí. La denuncia también señala al comisario Óscar San José, mano derecha de González, quien habría intentado comprar el silencio de la víctima ofreciéndole un destino de su elección. San José fue destituido este miércoles por el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Un sistema que protege a los poderosos
La decisión de acudir directamente a los tribunales en lugar de usar los procedimientos internos de la policía revela la desconfianza hacia un sistema que históricamente ha protegido a quienes ostentan el poder. Como explica Piedrafita: "No me podía arriesgar a que este asunto llegase a manos de esta persona y que hubiera tenido a la víctima a su merced".
Esta actitud refleja una realidad conocida: las instituciones del Estado a menudo funcionan como redes de protección mutua entre quienes ocupan posiciones de privilegio, dejando desprotegidas a las víctimas de sus abusos.
Ataques sistemáticos contra la víctima
Desde que se hizo pública la denuncia, la identidad de la víctima fue filtrada, exponiendo a 70.000 policías la información del caso. Esto ha generado un bombardeo de mensajes hacia la denunciante, algunos de apoyo pero otros intimidatorios.
El abogado denuncia que se trata de "un ataque sistemático" para "minar su credibilidad" y advierte que probablemente buscarán "cualquier trapo sucio para atacarla por tierra, mar y aire".
Más allá del caso individual
Este escándalo pone de manifiesto problemas estructurales que van más allá de un caso individual. Revela cómo el abuso de poder se naturaliza en instituciones jerárquicas donde quienes mandan pueden ejercer violencia sobre sus subordinados con relativa impunidad.
La dimisión fulminante de González, apenas se conoció la existencia de la grabación, sugiere que él mismo era consciente de lo comprometedor de su contenido. Como señala Piedrafita: "Se oye su voz diciendo cosas muy lascivas, muy comprometedoras y no precisamente bonitas".
El caso deberá resolverse en los tribunales, donde tanto la víctima como el exdirector adjunto operativo deberán declarar ante un juez en las próximas semanas. Mientras tanto, queda la pregunta de fondo: ¿cuántos casos similares permanecen ocultos en las estructuras de poder del Estado español?