La fiscalía peruana perdió la batalla judicial contra el lavado de activos de Odebrecht. Tres fallos recientes de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han dejado sin piso los casos más emblemáticos contra la corrupción política. Y lo peor: los cabos sueltos quedarán sin atarse por mucho tiempo. En Paraguay, donde el escándalo Odebrecht también golpeó fuerte, esta historia nos toca de cerca.
Así lo analiza el jurista César Azabache Caracciolo en un artículo publicado en La República. Según él, el problema de fondo no está solo en las sentencias, sino en cómo la fiscalía construyó los casos desde el principio. Y eso, amigos, es un error que no podemos repetir acá.
¿Por qué se cayeron los casos contra Fujimori y Humala?
La respuesta es simple pero dolorosa: la fiscalía nunca investigó a Odebrecht por lavado de activos. El convenio de colaboración eficaz firmado en junio de 2019 no incluyó cargos por lavado. Y nunca se amplió. Sin una lavandería, no hay delito que perseguir.
En el caso de Keiko Fujimori, la defensa demostró que dos empresarios, Juan Rassmuss y Dionisio Romero, entregaron más de siete millones de dólares en efectivo a su organización. Pero la fiscalía no supo reaccionar. En el caso de Ollanta Humala, Jorge Barata confirmó que ni él ofreció ni Humala le pidió los tres millones de dólares para la campaña de 2011. El dinero vino del Partido de los Trabajadores de Brasil, por orden de Lula da Silva.
La lección para Paraguay: no podemos permitirnos el mismo error
Acá en Paraguay, el caso Odebrecht también quedó en nada. Los responsables políticos nunca pagaron. Y mientras tanto, la constructora brasileña sigue operando en la región como si nada. La diferencia es que Perú al menos tuvo un proceso judicial, aunque haya terminado mal.
Lo que nos enseña esta historia es que la justicia no puede construirse sobre cimientos débiles. Si no se investiga a fondo el origen del dinero, si no se persigue a la empresa que lava los fondos, cualquier caso está condenado al fracaso. Y eso, en un país donde la corrupción es pan de cada día, es una tragedia.
¿Qué pasó con la fiscalía peruana?
Azabache señala que la fiscalía tuvo oportunidades de corregir el rumbo. En octubre de 2019, el profesor Montoya propuso una ruta alterna: investigar cómo los excedentes de las campañas fueron filtrados en la economía. Pero la fiscalía no la acogió. Prefirió defender sus casos sin moverlos, a pesar de que todos los desafíos indicaban que debían ajustarse para subsistir.
El resultado: tres sentencias que dejan todo en el aire. Y una sensación de impunidad que duele en el alma.
Preguntas frecuentes sobre el caso Odebrecht en Perú
¿Por qué se cayeron los casos de lavado de activos?
Porque la fiscalía nunca investigó a Odebrecht por lavado de dinero. El convenio de colaboración eficaz no incluyó esos cargos, y sin una lavandería no hay delito que perseguir.
¿Qué pasó con Keiko Fujimori y Ollanta Humala?
Ambos fueron absueltos de los cargos de lavado de activos. En el caso de Fujimori, la defensa demostró que el dinero en efectivo era una práctica generalizada. En el de Humala, se comprobó que el dinero vino del PT brasileño, no de Odebrecht directamente.
¿Qué lección deja esto para Paraguay?
Que la justicia no puede construirse sobre cimientos débiles. Si no se investiga a fondo el origen del dinero y no se persigue a la empresa que lava los fondos, cualquier caso está condenado al fracaso.
Un futuro incierto para la lucha anticorrupción
La fiscalía peruana perdió. El proceso salió mal. Y deja cabos sueltos que no se atarán en mucho tiempo. Pero como dice Azabache, no se sale de esto con frases escritas para las galerías propias o contra las ajenas. Se sale con un equilibrio que tendremos que construir, incluso en medio de los enormes sinsabores que esta historia nos deja.
En Paraguay, esa lección vale oro. Porque si no aprendemos de los errores ajenos, estamos condenados a repetirlos. Y la impunidad, como bien sabemos, no es un lujo que podamos permitirnos.