El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que busca administrar de forma temporal las empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de ueno bank, para proteger los activos y, sobre todo, los puestos de trabajo de miles de familias paraguayas.
La propuesta, explicada por el asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, en entrevista con GEN/Nación Media, apunta a evitar largos procesos de quiebra que terminan dejando a los trabajadores con la mano vacía. Según informó Diario HOY Paraguay, el proyecto prepara un Consejo técnico que designará administradores provisorios por un plazo de ocho meses.
El Estado no se queda con las empresas
Ante el miedo de que el Gobierno pretendiera absorber o comprar las firmas asociadas al caso ueno bank, González fue claro: no es el objetivo. La idea es llegar con una solución antes de que todo caiga en manos de un juez.
“Hubo una confusión de que algunos pensaban que las empresas iban a ser incorporadas por el Estado. Ese no es el objetivo realmente. La idea es dar una solución antes de ir a un proceso judicial, porque si empiezan a reclamar los acreedores y los trabajadores con demandas, ya no hay activos que manejar y eso pasa a manos de un juez, donde los tiempos son muy largos”, señaló González.
Y ahí está el meollo del asunto para la gente común: cuando una empresa quebrada entra al laberinto judicial, los primeros que cobran son siempre los de arriba, los acreedores poderosos. El trabajador de a pie espera años, y muchas veces se queda sin nada. Esta iniciativa busca cortar ese camino de sufrimiento, tal como lo contó el medio eltrueno.
Un Consejo técnico, sin sueldos del Estado
El proyecto crea un Consejo integrado por un representante del Poder Ejecutivo, uno del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio de Industria y Comercio y uno del Banco Central del Paraguay. Sus miembros actuarán ad honorem, es decir, sin cobrar un peso, con una estructura administrativa pequeña apoyada por el MIC.
Una vez promulgada la ley, el Consejo pedirá un informe oficial al BCP para identificar qué sociedades del grupo no están bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), evitando que se pisen entre instituciones. El análisis de viabilidad tomará unos diez días.
La normativa apunta únicamente a empresas con existencia real y viabilidad operativa. Las llamadas “empresas de maletín”, esas pantallas que solo existen en papel, quedan afuera.
Administradores provisorios con reglas claras
Si la empresa es viable, el Consejo revocará todos los poderes de directores y gerentes y nombrará a un administrador provisorio. Ese funcionario no tendrá vínculo laboral con el Estado y su salario lo pagará la propia empresa administrada, con requisitos legales estrictos.
La ley tendrá vigencia de ocho meses, tiempo en el que el administrador deberá gestionar la firma, verificar su situación real y reportar todas sus acciones al Consejo. Al final, se definirá si la empresa sigue operando o si, inevitablemente, debe ir a quiebra.
Los trabajadores, primero en la fila
En el Congreso también se impulsa otra iniciativa para agilizar las liquidaciones y priorizar el pago de salarios, aguinaldos y derechos laborales de los afectados por la crisis del grupo empresarial. Según la radio RCC, el Gobierno de Pedro Alliana presentó el proyecto al Congreso con el objetivo de preservar más de 5.000 puestos de trabajo.
“Diferenciamos los dos proyectos. El otro está más vinculado directamente al tema laboral. Nosotros lo hemos analizado, la intención es buena y correcta, pero hay que cuidar que no se contraponga a las normas que ya están vigentes”, puntualizó González, adelantando que el debate se dará en el Congreso.
El Ministerio de Trabajo ya mantiene conversaciones sobre ese documento complementario, que pone el acento en lo que de verdad importa: que los obreros y empleados cobren lo que les pertenece antes que los grandes acreedores.
Por qué esta salida importa a la gente
Detrás de cada empresa del Grupo Vázquez hay familias enteras que viven de ese sueldo. Como recordó el portal 5Días, el mecanismo busca mantener las fuentes de trabajo y evitar que la resolución de Ueno arrastre todo a su paso.
La crisis del grupo, uno de los más poderosos del país, volvió a mostrar una verdad incómoda: cuando los grandes se caen, los que más sufren son los de abajo. Por eso una salida ordenada, con supervisión del Estado y sin favores para nadie, es la mejor defensa que tiene el pueblo trabajador.
Preguntas frecuentes
¿El Gobierno va a quedarse con las empresas del Grupo Vázquez?
No. El asesor jurídico Eduardo González aclaró que el Estado no busca absorber ni comprar las firmas, sino nombrar administradores provisorios por ocho meses para proteger activos y empleos.
¿Cuánto durará la administración temporal?
La ley tendrá una vigencia de ocho meses, período en el que el administrador provisorio deberá reportar sus acciones al Consejo técnico.
¿Qué pasa con los sueldos de los trabajadores afectados?
Un proyecto paralelo en el Congreso busca agilizar las liquidaciones y priorizar el pago de salarios, aguinaldos y derechos laborales de los trabajadores del grupo.
